El salario mínimo ha subido un 36% desde 2018 pese a que el PIB y la productividad se han hundido

Con la propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo a 1.000 euros, éste habrá subido un 36,05% desde 2018, año en que Pedro Sánchez ganó la moción de censura y cuando se encontraba en 735 euros. Una subida que no se justifica por las variables que, según el Estatuto de los Trabajadores, deben determinar esta subida, en especial por la débil recuperación de la economía y la fuerte caída de la productividad. Como es sabido, la subida del SMI frena la creación de empleo, incentiva el fraude y se traslada a las cotizaciones sociales.

El artículo 27 de esta norma establece que «el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta» cuatro criterios: el IPC, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica, es decir, el PIB.

De esos cuatro criterios, sólo ha subido claramente la inflación (un 6,8% respecto a 2018), pero toda la subida se achaca a 2021, mientras que en los años anteriores apenas creció e incluso 2020 cerró con IPC negativo. En todo caso, esa subida de los precios está a años luz del citado 36% que se ha disparado el SMI en el mismo período.

El hundimiento del PIB y la productividad

Pero donde la norma se incumple flagrantemente es en el PIB y en la productividad. La economía española, como es sabido, no ha sido capaz de recuperar en 2021 los niveles anteriores a la pandemia (2019) tras el desplome del 10,8% sufrido en 2020, sino que sigue un 3,3% por debajo. Y no sólo eso, sino que ni siquiera ha logrado alcanzar los niveles de 2018, ya que aún está un 0,02% por debajo (en 2019, la economía creció el 2,1%).

Pero lo más preocupante es la productividad, un indicador de lo que produce cada trabajador. Desde la llegada del PSOE y Podemos a la Moncloa, este indicador  se ha desplomado un 6,5%, medido de la forma estándar de la Comisión Europea y el FMI. Algo muy preocupante, porque la productividad es la clave para el crecimiento potencial de la economía y del empleo a medio plazo: si la productividad crece menos que el PIB, no se pueden pagar los salarios y se destruye empleo.

Esta caída se explica por tres factores. Por un lado, el crecimiento del empleo público, mucho mayor (y menos productivo) que el del privado: hay un 9,2% más de empleados públicos que en 2019, mientras que el empleo en el sector privado cayó el 3,6% en 2021 incluyendo los ERTE. Por otro, los ERTE y el cese de actividad de los autónomos reducen artificialmente las cifras de paro. Y en tercer lugar, el empleo ha crecido más que la economía porque las empresas esperaban que la demanda de sus productos o servicios creciera con fuerza, cosa que no  sucedió en 2021. Si sigue sin ocurrir a corto plazo, la situación se hará insostenible y no tendrán más remedio que despedir a buena parte de las personas que han contratado.

Por último, la participación del trabajo en la renta nacional está subiendo desde 2018, y se aceleró con fuerza en 2020 debido al desplome de los beneficios empresariales por el covid. Frente a eso, los salarios aguantaron mejor el desplome de la economía gracias a las prestaciones por desempleo, a los ERTE… y a la propia subida del SMI en los últimos años.

Ocho autonomías con el SMI por encima del salario medio

El salario mínimo subió el 3,9% en 2018 hasta 735 euros. Pero, en 2019, el Gobierno surgido tras la repetición de las elecciones lo disparó el 22,3% hasta 900 euros como una de sus grandes medidas populistas. En 2020, a pesar del desplome de la economía, volvió a elevarlo un 5% a 950 euros.

Ahora bien, después de la catástrofe, en 2021 sólo lo incrementó un 1,5% para dejarlo en 965. Y en ocho comunidades autónomas, ya supera el salario medio: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia. Los 1.000 euros propuestos para 2022 implican un alza del 3,62%.

La Comisión Europea llegó a decir que el incremento del salario mínimo en 2019 pudo impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo, cifra que el Banco de España elevó después a una horquilla de entre 78.000 y 143.000 puestos de trabajo que se dejaron de crear sólo por esa subida.